La evaluación; una actividad muy diversa en sus objetos, finalidad y métodos.

Por Antonio Igea Sesma

Abril de 2016

No hay duda de que cualquier intervención pública, ya sea bajo la forma de políticas, programas, medidas, acciones, servicios u otras[1], son objeto en nuestros días de un esfuerzo creciente para evaluar de forma rigurosa y sistemática tanto sus lógicas de funcionamiento como sus efectos directos o indirectos. El por qué la evaluación de la acción pública es una preocupación creciente en las sociedades actuales puede explicarse por dos razones principalmente:

La propia necesidad “democrática” de garantizar y justificar por parte de los organismos responsables el buen empleo de unos recursos públicos, limitados en la mayoría de los casos, así como de los efectos de las políticas llevadas a cabo con los mismos.

Y la necesidad “instrumental” de identificar posibles áreas de disfuncionamiento o  mejora de los dispositivos o medidas, ya sean actuales o futuras, y en unos contextos cada vez más cambiantes e inciertos en los que debe desenvolverse la acción pública.

Todo ello explica que la evaluación se haya convertido no sólo en uno de los temas de mayor interés sino en un ámbito social cada vez más afirmado y exigido por el conjunto de la ciudadanía ante los responsables y poderes públicos.

Ahora bien, es importante insistir en que más allá de su finalidad y razón de ser principal, que es “observar, y en la medida de lo posible valorar, de la forma más objetiva posible las consecuencias de las decisiones públicas tomadas”, las actividades de evaluación se circunscriben en un contexto muy diverso y heterogéneo, referido tanto a las propias políticas o medidas públicas llevadas a cabo y objeto de evaluación, como a sus planteamientos evaluadores que intervienen en la práctica.

Y más allá de los matices, la mayoría de las definiciones que podamos encontrar hacen hincapié en la necesidad de verificar el logro de los objetivos - lo cual exige contar con  marcos previos referenciales o de contraste, marcos éstos no siempre existentes o al menos fácilmente identificables - así como en el carácter sistemático, continuo, integral y heterogéneo de los procesos de evaluación. Esta heterogeneidad se pone de manifiesto por aspectos tales como:

1- Unas medidas muy diversas en cuanto a objetivos y condiciones de puesta en práctica y aplicación - por ejemplo, la selectividad y especificidad de colectivos de beneficiarios, los procesos de selección y requisitos de acceso,…-

2- La disparidad de agentes o actores intervinientes, con preocupaciones y objetivos de evaluación muy diversos: unos interesados más en el funcionamiento local de las medidas, otros por el contrario en los efectos más globales de las políticas.

3- Y por último, la gran variedad de planteamientos de evaluación, tanto a nivel de vertientes o dimensiones de evaluación - transversales, longitudinales -; de alcance y finalidades - funcionamiento de medidas, impactos sobre los beneficiarios, el paso y utilización por colectivos potenciales, el significado de las medidas…-; de métodos - ya sean cuantitativos o cualitativos -; de organismos evaluadores; y por último de amplitud y condiciones generales de evaluación - recursos económicos, continuidad, plazos -

Ante esta diversidad de alcances y finalidades, contenidos, agentes involucrados, dispositivos que intervienen en la práctica, opciones y planteamientos metodológicos, es importante resaltar que la elección de uno u otro enfoque metodológico generalmente no dependerá exclusivamente del criterio o voluntad del equipo evaluador, sino que intervienen también otros factores externos que deben ser considerados y que se derivan de las características especiales y de las condiciones de cada situación evaluativa en particular.

Así por ejemplo, las características de los programas a evaluar, las necesidades del cliente que realiza el encargo de evaluar, los plazos temporales, condiciones económicas, fuentes de información disponibles, preocupaciones y expectativas de los diferentes actores intervinientes, etc.

Por tanto, nuestra labor evaluadora tiene lugar en un contexto muy diverso y heterogéneo, que requerirá de un trabajo y colaboración, en sus diferentes niveles de implicación y participación, del conjunto de agentes o actores intervinientes en las operaciones de evaluación. Ya intervengan como responsables públicos de las políticas evaluadas, como actores directos o indirectos de dichas políticas o como organismos responsables y ejecutores de la propia evaluación - ya sean internos o externos. De ahí que se deba garantizar la existencia de un marco común que sea ser compartido, comprendido y conocido por los equipos evaluadores, responsables y los propios actores de las políticas o medidas evaluadas.

[1] Con el objeto de facilitar la lectura del artículo se utiliza indistintamente los términos de política, programa, medida, acción, servicio aun cuando conceptualmente sean diferentes y los mecanismos de evaluación necesarios presenten características propias.