Mejorar e innovar los servicios públicos, gestionar de forma efectiva, usar de manera eficiente los recursos, rendir cuentas a la ciudadanía sobre cómo se gestiona y los resultados logrados o generar valor son preocupaciones constantes entre todas nuestras administraciones desde hace ya unos años. Ello además con una ciudadanía cada vez más informada, exigente y crítica con la calidad y utilidad de los servicios públicos y que demanda que funcionen cada día mejor. 

Es este contexto donde reside la nueva legitimación social de la acción pública que supone un profundo y trascendental cambio de su sentido, identidad, así como de sus objetivos. Y dónde las administraciones deben añadir valor a la sociedad de la que forman parte y favorecer así un mayor bienestar y mejor calidad de vida del conjunto de su ciudadanía.

Así, para atender con éxito esta creciente exigencia, y al amparo de los nuevos paradigmas de gestión pública que han surgido, se vienen desarrollando numerosas iniciativas modernizadoras y transformadoras, desplegando instrumentos y metodologías de gestión innovadoras y avanzadas, creando instituciones, realizándose modificaciones organizativas.

Cada vez las administraciones deben prestar más atención a los resultados que logran y a la generación de valor público. Ello les exige fijar objetivos y compromisos explícitos y evaluables. Resultados éstos que luego deberán ser evaluados y de los que se deberá rendir cuentas ante la sociedad. Y donde el resultado de gestión está asociado inexorablemente al cambio social producido, ya que este cambio es el nuevo parámetro de valoración de la acción pública. Y esto todavía cobra más importancia en los entornos socio-económicos tan convulsos, cambiantes e inciertos en los que se desenvuelve la gestión pública en nuestros días. Nada que ver con esos contextos tan estables, constantes y muy previsibles en los que se desenvolvían años atrás. 

Todo esto ha hecho que la evaluación se haya convertido en elemento clave de los buenos gobiernos. De las buenas administraciones. De la buena gobernanza. De la buena acción pública. Esto es de toda acción pública que responda de forma efectiva a necesidades y demandas sociales y que promueva cambios sociales que modifiquen la situación de la sociedad en su conjunto o de determinados grupos sociales legítimamente identificados como destinatarios de la misma. Pero ¿por qué?, porque permite tomar decisiones basadas en una evidencia, facilita la transparencia ante la ciudadanía e incentiva su participación, apoya la rendición de cuentas y promueve también el tan necesario aprendizaje y mejora de nuestras instituciones. En otras palabras, nos informa sobre la pertinencia, logro de objetivos, calidad, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad de toda esa acción pública. 

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