¿Para qué sirve la Sociología en la evaluación de Políticas?

Por Cristian Maneiro

Diciembre 2021

​

Las definiciones más extendidas de la evaluación coinciden en definirla como una transdisciplina (Scriven, 2008). No obstante este consenso entre los teóricos y practicantes, considero interesante el ejercicio de identificar el rol especifico que pueden jugar las diferentes disciplinas de modo de evitar que la evaluación se desdibuje en una colcha de retazos sino que sea una síntesis efectiva, tomando lo mejor que puede ofrecer   cada mirada disciplinaria.

 

A partir de esta creencia, me surge la inquietud personal por combinar la formación académica de base (6 años entre licenciatura y maestría en Sociología) con los cursos de especialización posteriores y mi actuación profesional como evaluador en distintas organizaciones desde hace más de una década.

 

Intuitivamente, entre los diseños de evaluación cuantitativos, uno puede percibir claramente que las evaluaciones de impacto a partir de experimentos controlados (RCTs) y especialmente los distintos diseños cuasi-experimentales con sus análisis econométricos,  se relacionan con la expertise de economistas y estadísticos, los procedimientos para el procesamiento y visualización de datos (así como el uso de los softwares para estos fines) con las nuevas formaciones de cientistas de datos en sus diferentes perfiles. Asimismo, entre los diseños de evaluación cualitativos, la observación participante y etnográfica refiere al metier de antropólogos mientras que las distintas modalidades de entrevistas en profundidad, grupos focales y talleres constituyen la práctica habitual de psicólogos y educadores.

 

Aceptando esto podríamos entonces preguntarnos, parafraseando a Dubet, ¿para qué sirve realmente un Sociólogo? ¿Cuál sería el valor agregado especifico que puede ofrecer en los procesos de evaluación de políticas?

 

En adición a lo que un sociólogo puede individualmente adquirir a partir de formación y experiencia especifica en los aspectos anteriormente reseñados, entiendo que la contribución diferencial de la sociología para la evaluación puede visualizarse en tres aspectos relacionados pero distinguibles analíticamente: 1) La validación teórica sobre los conceptos utilizados en el diseño de una evaluación. 2) El análisis de información e interpretación de los hallazgos a la luz de teorías sociológicas y 3) El rescate de la historicidad conceptual de discusiones aparentemente novedosas en evaluación.

 

En primer lugar, conceptos de carácter polisémico como desarrollo, autonomía, cohesión social, equidad aparecen frecuentemente entre los objetivos generales y específicos de las políticas y programas a evaluar. Las teorías sociológicas pueden brindar marcos interpretativos para determinar si esos conceptos son los apropiados para definir el fenómeno que queremos evaluar y si las variables e indicadores construidos para dar cuenta de ellos son válidos. Esto puede hacerse en la etapa de diseño de una evaluación así como a la hora de interpretar los resultados obtenidos. Emitir juicios sobre la validez de estos constructos en es un asunto eminentemente teórico antes que técnico y tiene implicancias directas sobre la calidad de la evaluación.

 

 

En cuanto a la interpretación de hallazgos de evaluaciones a la luz de teorías sociológicas el rol a cumplir por el sociólogo es ejercer esa cualidad que Wright Mills (1959) denominó imaginación sociológica para poder interrelacionar las experiencias concretas de los individuos y sus entornos inmediatos con los fenómenos sociales más amplios en los que se insertan.

 

Aplicando este principio, cualquier evaluación de una política, programa o incluso un proyecto por restringido y concreto que sea en su definición de intervención, puede ser analizado con relación a las tendencias sociales del contexto en el que tiene lugar. Fenómenos como la urbanización, transición demográfica, modernización, revolución tecnológica, tendencias históricas, institucionales y culturales pueden ser analizadas a partir de la sociología y colaboran a dar sentido tanto a las intervenciones como a sus respectivas evaluaciones. En este sentido, intervenciones puntuales que aspiren a incrementar algún aspecto de desarrollo socioeconómico de comunidades especificas (eg. mujeres rurales) o a la atención de “cuestiones sociales” como el empleo, la pobreza, educación, etc. pueden comprenderse mejor trascendiendo su especificidad y situándose en el marco general de fenómenos estructurales en las que se desarrollan.   

 

En relación con esta cualidad, observo frecuentemente que, en el afán de considerar a la evaluación como una disciplina emergente y sentar sus bases conceptuales, se cae en la tentación de presentar como novedades conceptos teóricos que tienen extensas tradiciones en ciencias sociales.

 

Por ejemplo, todas las discusiones sobre el potencial de la “Evaluación transformativa” (Popham, 2013) superando la mera rendición de cuentas pueden interpretarse a partir de las concepciones marxistas sobre la insuficiencia de las teorías descriptivas de la sociedad y la necesidad de propiciar una revolución social que cambie los medios y relaciones de producción para así mejorar el bienestar de una sociedad.

La evaluación transformativa subraya que este proceso no sólo es técnico, sino también eminentemente político. Su finalidad es evidenciar y modificar las situaciones de discriminación y exclusión social vinculadas con diferentes dimensiones de diversidad, así como contribuir a la justicia social. De acuerdo con este enfoque, el conocimiento está influido por los diferentes intereses y relaciones de poder. En este sentido, la evaluación conforma un proceso que habilita incluir las voces de las personas menos poderosas, potenciar sus capacidades y avanzar hacia sociedades más equitativas y justas.

Esta intención de dar voz a los distintos públicos de las evaluaciones puede anclarse en los escritos primarios de Elías sobre establecidos y outsiders y más acabadamente con la teoría de Honett (1992) quien explica el desarrollo histórico de las sociedades como una lucha constante de reconocimiento entre grupos sociales.

 

Las metodologías cualitativas, especialmente las que ponen el énfasis en los procesos de evaluación participativa (una marca distintiva identitaria de la evaluación en América Latina) pueden rastrear su origen desde la verstehen weberiana y los conceptos sensibilizadores en el marco de interacciones sociales simbólicas (Blumer,1969). Por su parte, la observación participante en sus diferentes variantes son tributarias de la sociología urbana emergente de la escuela de Chicago con autores como Park, Pierson o el propio Blumer.

 

Al momento de determinar los alcances de la evaluación y las consecuentes discusiones sobre la capacidad de generalización a partir de estudios de caso, la propuesta de Merton (1968) tendiente a especificar teorías de alcance medio se transforma en un aporte ineludible. También, en un nivel de abstracción bastante más alto, el funcionalismo de Parsons y especialmente Luhmann (1970) con su teoría de sistemas son referentes conceptuales al momento de las discusiones en boga sobre evaluación y complejidad.

 

En conclusión, si bien valoro positivamente la autonomía que ha ganado progresivamente la evaluación generando estándares propios, programas de estudio, organizaciones y comunidades de practica específicas para su desarrollo, entiendo que el ejercicio periódico de reflexionar sobre las contribuciones disciplinarias puede darnos densidad teórica y evitar la tentación de “inventar la pólvora” a cada nueva evaluación.

 

Este intento de rescate de lo específicamente sociológico no implica desde luego ninguna creencia de superioridad de esta disciplina sobre otras ciencias sociales en el quehacer evaluativo. Un ejercicio similar puede realizarse con economía, antropología, psicología o filosofía, pero esta tarea nos queda grande por lo que la dejaremos a especialistas en estas disciplinas.